Hablar de suicidio exige revisar las cifras oficiales y cuestionar qué muestran y qué dejan fuera. Aunque constituye un problema prioritario de salud pública, Chile no experimenta un aumento descontrolado de sus tasas ni se ubica entre las naciones con los índices más altos del mundo. Entre 2000 y 2010 se registró un alza hasta un pico de 12,6 muertes por cada 100.000 habitantes, pero la década siguiente (2010-2019) mostró una disminución constante hasta 10,6, con caídas mayores durante los primeros años de la pandemia de COVID-19.

Desde la pospandemia, el escenario se mantiene en relativa estabilidad. Álvaro Jiménez, psicólogo, doctor en Sociología, investigador adjunto de CIADES y académico de la Universidad San Sebastián, advierte sobre la persistencia de un mito recurrente en la prensa: la noción de una "epidemia" o aumento continuo. Para el investigador, comunicar erróneamente el fenómeno infunde pánico y desinformación. A ello se suma la naturaleza procesal de las estadísticas oficiales, con un desfase de entre un año y un año y medio en la validación definitiva del Ministerio de Salud (MINSAL).

Ética comunicacional

El rigor en las cifras cobra urgencia al analizar el rol de los medios. Reportajes enfocados en puntos de alta concurrencia pública, como el Metro de Santiago, suelen usar conteos parciales para sugerir olas de incidentes que chocan con la evidencia epidemiológica. Esto abre una discusión ética sobre cómo la cobertura de prensa arriesga desencadenar el Efecto Werther o imitación.

Respecto a estos eventos, Jiménez aclara: “Los suicidios ocurridos en el Metro son eventos infrecuentes, pero de alta connotación pública, lo que plantea desafíos particulares para su abordaje. Su elevada visibilidad puede amplificar su impacto social y favorecer procesos de transmisión social del riesgo suicida. Por ello, requieren especial atención desde la postvención y desde las recomendaciones para una cobertura mediática responsable. Es importante situar estos casos en perspectiva: no representan la forma más frecuente de suicidio en Chile”.

Estigma y mirada clínica

Una de las principales trabas para comprender el suicidio radica en reducirlo a un dilema individual o a una falla biológica. Alexis Vielma, psicólogo, doctor en Salud Mental y Magíster en Investigación Social y Desarrollo, investigador de CIADES y académico de la Universidad de Concepción, sostiene que abordar el tema únicamente bajo la premisa de la depresión o la falta de ayuda distorsiona el problema.

“Cuando el diagnóstico se convierte en el único foco para comprender el fenómeno, se termina generando un estigma que dificulta la búsqueda de ayuda”, advierte Vielma. “Las personas no solo cargan con el sufrimiento, sino con una etiqueta que las expone al autoestigma y al estigma del propio equipo de salud. Y cuando el prejuicio proviene desde dentro del sistema sanitario, el impacto es doble: la persona no consulta y, si lo hace, muchas veces no vuelve”.

Frente a esta patologización, Jiménez ha desarrollado una línea de trabajo para indagar cómo las condiciones de vida, las desigualdades socioeconómicas, las normas de género y las barreras institucionales determinan quiénes sufren y quiénes acceden a apoyos efectivos. Actualmente, lidera un estudio junto al INJUV sobre conducta suicida en hombres jóvenes y los mandatos de la masculinidad tradicional, además de dirigir un proyecto Fondecyt sobre agentes conversacionales de inteligencia artificial para la asistencia remota en salud mental.

Determinantes sociales y brechas de medición

Alexis Vielma llama a cuestionar qué condiciones sociales producen el malestar. Elementos como la pobreza y la exclusión deben ser reconocidos como determinantes estructurales. “Chile y América Latina conviven con una paradoja estructural: combinan índices de desarrollo humano relativamente altos con niveles de desigualdad muy superiores al promedio de la OCDE. La evidencia muestra una asociación sólida entre desigualdad y conducta suicida; lo que determina el riesgo no es si una nación es rica en el papel, sino cómo se distribuyen la riqueza y la protección social”.

Esta mirada amplia evidencia la invisibilización de colectivos vulnerables como poblaciones indígenas, personas migrantes o pacientes con trastornos graves. Al respecto, Jiménez acota que “los grupos prioritarios con los que trabajará CIADES (migrantes, personas mayores y personas con trastornos mentales severos) presentan un mayor riesgo de suicidio que la población general”.

Y es que los datos permiten derribar otro sesgo: la creencia de que el suicidio es un asunto circunscrito a la juventud. Las tasas más elevadas de mortalidad en Chile se concentran de manera sistemática en personas mayores de 70 años, con un nivel crítico en hombres de 80 años o más (39,5 muertes por 100.000 habitantes).

Asimismo, la postvención —el acompañamiento en el duelo a familias, escuelas y comunidades— resulta central. Investigaciones lideradas por Jiménez en este ámbito han derivado en metodologías que hoy se transfieren a la nueva Estrategia Nacional de Prevención del Suicidio del MINSAL. La articulación intersectorial y comunitaria es fundamental para el enfoque que trabaja CIADES.

Prevención comunitaria

“Chile aprendió a prepararse durante muchos años mediante una campaña de invierno con recursos, amplia organización y difusión; y necesitamos impulsar con la misma fuerza una gran campaña primaveral de prevención del suicidio. El suicidio se puede prevenir. Podemos hacer acciones concretas para evitarlo y no se previene solamente en los establecimientos de salud, consultorios, hospitales o servicios de urgencia”, explica Susana Chacón, Encargada de Transferencia de CIADES.

“Dando espacio para hablar de salud mental, preguntando cómo estás, qué te afecta, escuchando sin juzgar, estando atentos a cambios importantes en las personas que nos rodean, acercándote, acompañando y ayudando a conectar oportunamente con algún apoyo cuando sea necesario”, son gestos esenciales de prevención, apunta Chacón. “Pero prevenir el suicidio también es una responsabilidad del Estado en su conjunto. Necesitamos actuar sobre aquellas condiciones sociales que pueden aumentar la vulnerabilidad o fortalecer la protección”.

Prevenir el suicidio requiere abordar determinantes económicos, dinámicas de género y desigualdades territoriales. La pregunta de fondo busca entonces entender qué condiciones sociales están produciendo sufrimiento, quiénes quedan al margen de los registros institucionales y qué redes comunitarias pueden activarse antes de que el malestar derive en una urgencia médica. En palabras de Chacón, “prevenir el suicidio es una responsabilidad compartida, requiere políticas públicas y acción intersectorial, pero también comunidades capaces de cuidar y vínculos humanos capaces de estar presentes cuando alguien lo necesita. La prevención del suicidio la construimos entre todos”.

En Chile existen distintos espacios de ayuda gratuita (telefónica o en línea) para personas que presenten pensamientos suicidas:

Línea de Prevención del Suicidio (Ministerio de Salud): *4141

Fono Salud Responde (Ministerio de Salud): 600 360 7777

Plataforma Hablemos de Todo (Instituto Nacional de la Juventud): https://hablemosdetodo.injuv.gob.cl/ 

Programa Hora Segura (Fundación Todo Mejora):https://todomejora.org/hora-segura/